Cada mes en la Fundación No Somos Invisibles llevamos a cabo la actividad de Los Martes que une información, conversación y reflexión.
En la última sesión, tras la colaboración de Manolo Martínez abogado de formación que vino a hablarnos sobre las leyes y ayudas para colectivos vulnerables, abrimos un espacio de debate para compartir impresiones, experiencias y reflexiones.
Tras una búsqueda de información, el visionado de una sesión impartida por Manolo Martínez y una mesa redonda participativa, surgieron debates interesantes sobre el sentido de las políticas sociales, sus límites y su impacto real en la vida cotidiana.
Partimos de una premisa sencilla, pero imprescindible: el Estado es responsable de garantizar la paz social y el bienestar de toda la población. Para ello debe poner en marcha normas, medidas y ayudas que compensen las desigualdades que afectan a quienes, por motivos económicos, sociales, familiares o personales, parten de una situación de desventaja. A este conjunto de acciones se le llama discriminación positiva, cuya finalidad es que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Nuestra Constitución de 1978 establece el respeto obligatorio a los derechos básicos: salud, educación, vivienda, igualdad, no discriminación, justicia gratuita, libertad de expresión o seguridad. Sin embargo, que estos derechos existan sobre el papel no significa que todas las personas puedan disfrutarlos plenamente. Y ahí aparece el papel de los servicios sociales específicos, diseñados para compensar desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades.
En la sesión se abordaron realidades muy diversas: mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, inmigrantes sin recursos, personas mayores en situación de soledad, colectivos LGTBIQ+ históricamente perseguidos y, por supuesto, personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. También se recordó que Europa y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insisten en avanzar hacia la plena inclusión, superando modelos segregadores y apostando por la vida independiente, la asistencia personal y el derecho a decidir dónde y con quién vivir.
Se repasaron avances importantes de las últimas décadas: los sistemas de protección para mujeres en situación de violencia; los albergues y servicios municipales para personas sin hogar; los centros de primera acogida para personas inmigrantes; los recursos para la diversidad y la juventud trans; la evolución desde la LISMI de 1982 hasta la Ley de Dependencia de 2006; los progresos en accesibilidad y comunicación aumentativa; o las reformas legales para reforzar la autonomía jurídica de las personas con discapacidad intelectual.
Pero, aunque los avances están ahí, las dificultades persisten.
Una reflexión recurrente del grupo fue que muchas veces las leyes existen, pero se aplican a medias. Faltan presupuestos, falta personal, falta seguimiento y falta voluntad política sostenida. Se legisla para “calmar” a la sociedad, pero sin prever los recursos para hacerlo realidad. Esto genera frustración, sensación de engaño y desconfianza institucional. Los ejemplos abundan: dispositivos de seguridad que fallan, centros desbordados, aulas sin suficientes apoyos, servicios saturados o ayudas que no llegan a todas las personas que las necesitan.
Asimismo, se destacó que incluso cuando un gobierno se declara “social”, las políticas sociales no siempre funcionan como deberían. Y en ese punto surgió una idea compartida por muchas de las personas participantes: el problema no es solo legal ni técnico, sino también social. La sociedad tiende a quejarse mucho, pero movilizarse poco; reclamamos derechos, pero no siempre actuamos juntos.
Y, como recordaba una de las intervenciones del debate, “si las personas nos uniéramos más, otro gallo cantaría”.
En este sentido, un ejemplo reciente citado fue el de la Ley ELA: aprobada en 2024 sin presupuesto real para aplicarla, tuvo que ser la movilización de los propios afectados la que forzó al Estado a desbloquear las ayudas en 2025. Esta situación evidencia algo clave: cuando los colectivos afectados se organizan, reclaman y perseveran, los avances llegan.
La conclusión general del encuentro es clara: las leyes son necesarias y constituyen el marco de derechos, pero sin recursos, sin seguimiento y sin participación activa de la ciudadanía, la igualdad real no se alcanza. En un contexto social cada vez más diverso y complejo, la discriminación positiva, los servicios sociales específicos, la accesibilidad universal y la inclusión dejan de ser “extras” para convertirse en pilares fundamentales de la convivencia.
En la Fundación No Somos Invisibles creemos firmemente que la transformación social se construye desde el conocimiento, la reflexión y la participación. Por eso impulsamos espacios donde las personas puedan informarse, debatir, expresar sus opiniones y comprender mejor la situación de los colectivos vulnerables. Porque, al final, como bien se dijo en la sesión, la unión hace la fuerza. Y solo desde una ciudadanía consciente, exigente y unida podremos avanzar hacia un modelo verdaderamente inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de vivir con dignidad.
